
Todavía recuerdo la tarde en la que conocí la trágica noticia del fallecimiento de Álex, un menor de 9 años que fue brutalmente asesinado a escasos metros de un parque donde instantes antes yacía con sus amigos celebrando la fiesta de Halloween. El pequeño fue víctima de un despiadado y cruel ser que apenas hacía 18 meses que había salido de prisión. No habrá una segunda oportunidad para Álex, como sí la hubo para el presunto asesino.
Francisco Javier Almeida es un delincuente reincidente y sanguinario con un escalofriante historial delictivo. Fue condenado por agredir sexualmente a su vecina de 13 años cuando el apenas tenía 22, y más tarde también recibió una condena por el crimen de Carmen López, la joven inmobiliaria a la que apuñalo hasta la muerte y agredió sexualmente. Hasta su puesta en libertad, pasó 26 años entre rejas, pero no ha sido ni será tiempo suficiente para un individuo de su condición. Todavía a día de hoy se cuestionan los informes que en su día autorizaron a que el pederasta respirará de nuevo fuera del recinto penitenciario en el que cumplía condena, pero ya no hay lamento ni consuelo.
“Lo hace porque quiere”
Los numerosos informes forenses que se le han realizado a Almeida son claros e inequívocos y todos llegan a una misma conclusión: “Sabe lo que hace y cuando lo hace es porque quiere”. La última pericial psiquiátrica que se le realizó al presunto asesino el pasado mes de febrero señaló de nuevo que Almeida no sufre “alteración psicopatológica alguna ni descompensación desde el punto de vista forense”.
¿Reinserción social? No para todos
Nuestra Constitución habla en su artículo 25.2 que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. A pesar de este precepto, criminólogos como Félix Ríos o Víctor Márquez sostienen que algunos violadores y asesinos muestran una clara predisposición delictiva, teniendo un marcado carácter impulsivo que inhiben durante su estancia en prisión, pero desatan ante determinadas situaciones estando en libertad.
Ni las evaluaciones iniciales que se realizan a los internos durante su ingreso en prisión, ni el seguimiento posterior de los mismos o los programas de rehabilitación y terapéuticos pueden predecir el comportamiento del preso tras su puesta en libertad, aunque sí hay indicadores que no pueden ni deben pasarse por alto.
Casos como el de Almeida o Bernardo Montoya, asesinos reincidentes, no pueden ser tratados como otros delincuentes condenados por delitos menores, menos aun cuando manifiestamente expresan: “no me dejéis salir de la cárcel, porque lo volveré hacer” como dijo Montoya o “él no quería que le pusiesen en libertad, porque veía el problema que tenía y tenía miedo de volver a caer”, tal y como explicó uno de los abogados que representó a Almeida por el crimen de la inmobiliaria.
Años después del dictamen de los forenses, ni el diagnóstico ha variado ni tampoco el comportamiento del pederasta. Casos como este reabren el debate sobre si todos los delincuentes pueden reinsertarse en la sociedad.