El narcotraficante confeso Richard Van der Bunt saltó por la venta de su chalé, en el complejo andorrano de El Cortalet, cuando la policía golpeó la puerta de su casa. Tras él cruzaron la frontera su mujer y su mano derecha y consigliere Eddy Van der Bunt, que puso a la venta el dúplex familiar a través de Herman Bloom, un intermediario inmobiliario que años después acabaría siendo juzgado -y absuelto- por blanquear dinero del narcotráfico en el banco Crédit Andorrà. No pasaron muchos años hasta que Richard Van der Bunt murió acribillado frente a un restaurante en Madrid.
Me explicaron esta historia cuando comencé a escribir la segunda parte de mi libro Operación Cataluña que narra las maniobras de la mafia político-policial que pegó el hachazo a la Banca Privada de Andorra (BPA) y de sus compinches en Andorra. Entonces ya sabía que la policía española había puesto en el punto de mira a la BPA para intentar encontrar dinero de políticos catalanes que había tomado la deriva independentista en sus posiciones políticas. Ya tenía amarradas declaraciones y audios inéditos del comisario Villarejo vociferando a quien le quisiese escuchar que lo de la BPA lo había montado el Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con nacionalistas a golpe de ilegalidad. Pero encontrarme en Andorra con historias de narcos me sorprendió.
Al principio toda la historia de Van der Bunt me sonó a un guion escrito por Mario Puzo -El Padrino- hasta que hace unas semanas me tomé un café con su consigliere en la Plaza Dam de Ámsterdam. Su relato asusta: “fuimos a Andorra porque todo era para nosotros, no había impuestos. Herman [Blom] creó una sociedad y nos abrió una cuenta en Crédit Andorrà. Llevábamos dinero en metálico y nadie nos decía nada. Les decíamos que el dinero venía de África y ya está. Luego la mafia mató a mi hermano el día que firmó un pacto con las autoridades italianas para cooperar a cambio de una rebaja en su condena”.
Me acuerdo de las palabras del narcotraficante cuando me siento en la sala Magna de la Batllia de Andorra para asistir a una de las tediosas sesiones del proceso en el que se juzga a veinticuatro ex empleados de la BPA y me pregunto porqué nunca se juzgó a los hermanos Van der Bunt. A ellos los sentenció Italia y Holanda, pero nunca Andorra. Tampoco a Herman Bloom, el hombre al que Holanda acusó de lavar dinero del narcotráfico a través de la construcción y venta de inmuebles de El Cortalet. Pero lo que jamás iba a imaginar es que quien compró a los narcos holandeses su patrimonio es el encargado de proteger el sistema financiero del blanqueo de capitales, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAND) y entonces fiscal, Carles Fiñana por 450.000 €. Mucho menos que el segundo intermediario inmobiliario fuese alcalde de La Massana (una de las siete parroquias que conforman el país). Fue entonces cuando empecé a plantearme si Andorra se había convertido en un narcoestado.
El término narcoestado es un neologismo que señala a aquellos países cuyas instituciones están influenciadas por el narcotráfico. Hasta entonces había establecido vínculos de acusados de narcotráfico con un fiscal -y jefe de la inteligencia financiera- y con un alcalde. Pero cuando Herman Bloom me llevó a hacer una visita guiada a un apartamento en El Cortalet y vi que el dueño era David Moynat, el máximo representante de los jueces andorranos, empecé a creer en esas historias de omertá. Visité su casa mientras él tecleaba en su ordenador y me explicaba las bondades de El Cortalet. ¡Y el padrino de la visita era Herman Bloom! Todos esos pensamientos me invaden cuando el Presidente del Tribunal abre la sesión de este teatro del absurdo, en el que se ha convertido la causa contra la BPA, y releo en la libreta donde tengo los secretos de mi nuevo libro lo que me dijo Bloom, tras cifrarme la compra del apartamento en 650.000 €: “Si el vendedor que tiene una posición pública delicada no tiene problema en trabajar conmigo significa que todo aquello no fueron más que rumores” y añade antes de acabar: “y dentro de poco me dan la nacionalidad andorrana”.
Escucho al plúmbeo Fiscal General de Andorra, Alfons Alberca, mientras interroga y se escucha a sí mismo. Pronto pierdo la atención y me pregunto: “¿Qué hacen veinticuatro hombres y mujeres sentados durante meses en una causa por haber sido empleados de un banco si la justicia americana y la española ya han dicho que nada tienen que ver con una estructura organizada de blanqueo de capitales?”. Y miro a mi alrededor y busco a los Bloom y los Van der Bunt y no los localizo. Tampoco a los alcaldes, jueces y fiscales vinculados a ellos. Cuando retomo con la perorata inacabable de Alberca me acuerdo de las declaraciones de una de mis fuentes de información: “Alberca y Fiñana son amigos desde hace muchos años”. ¿Y si esos hombres son inocentes y se les juzga para tapar algo mucho más sombrío? Es entonces cuando recuerdo otra historia de narcos y jueces, la que me hizo creer que mi seguridad estaba comprometida si la droga había mechado las estructuras magras del Estado.
Andorra juzga a quienes otros países absuelven y deja escapar a los que mueren a balazos tras pactar con la justicia. Como tampoco está Manuel Terren, un ciudadano español, al que se acusa de dirigir el comercio de diamantes de sangre en Sierra Leona a raíz de una querella presentada por uno de los trabajadores de la empresa minera en la Audiencia Nacional española. El querellante asegura que se trata de una organización criminal radicada en Andorra bajo el paraguas de la empresa Orfund a través de la que se movieron diamantes utilizando cuentas bancarias en Credit Andorrà, vinculando al exministro de finanzas andorrano Jordi Cinca, accionista de la empresa y ex empleado de ese banco andorrano que todavía no ha sido juzgado -y por tanto no es culpable de nada-. Pero él tampoco está esa mañana en el Palacio de Justicia andorrano. Ni Sito Miñanco que tenía sus cuentas en la Banca Reig.
Y varias horas después, al fin el silencio de las tablas del absurdo da paso a los ruidos de veinticuatro hombres y mujeres ganando la calle para desayunar. Les miro y me prometo volver al día siguiente para continuar escudriñando hasta qué punto el narcotráfico se ha inoculado en el principado y es el poder del narco quien sienta a esos veinticuatro hombres de la BPA para saber si un empresario evadía al fisco español dinero a través de ese banco. Pero el Fiscal General sigue hablando cuando ya nadie le escucha. Ni siquiera el tribunal que todavía no se ha atrevido a poner fin a una causa judicial que si acaba en condena demostrará al mundo que Mario Puzo fue quién escribió la biografía de los Corleone transalpinos. Y si no la escribe él, lo haré yo.