Recordaba estos días, ante la sucesión de conflictos en las calles, las discusiones -de buen rollo- que tenía con compañeros y compañeras independentistas, mis enfados ante la simpleza de determinados planteamientos, cuando yo aseguraba que en el mejor de los casos la independencia no era cosa de un día para otro, que los procedimientos serían mucho más lentos, y que a la gente no se le podía plantear ….tranquilos vuestros problemas ya se arreglarán cuando tengamos un estado propio…. porque eso era engañar o como mínimo no explicar toda la verdad. Los ciudadanos acabarían por cansarse de no ver soluciones y dirían basta.
La sensación de que eso está llegando es bastante evidente, llevamos demasiado tiempo ya, contemplando la incapacidad para entender que o se avanza en la solución de los graves problemas que tenemos acumulados, después de tantos años de recortes en todos los ámbitos de la gestión pública, o el conflicto generalizado estallará.
O se gestiona la vida pública al tiempo que se reivindican las aspiraciones identitarias o el fracaso está servido. La justicia social no puede esperar hasta llegar a un hipotético estadio donde las cosas se resolverán por arte de magia, sin explicar ni el cómo, ni el cuándo, ni cuál será el camino.
La lucha de las batas blancas, el personal sanitario de la atención primaría, ha desvelado, entre otras cosas, varios aspectos clarificadores de la situación, el hartazgo del personal médico a continuar soportando sobre sus espaldas, todo el peso del esfuerzo que ha representado durante estos años los enormes recortes económicos en la atención sanitaria.
Y cómo la lucha decidida para acabar con esa situación ha puesto de manifiesto, que las excusas presupuestarias eran falsas, y que ante la presión aparecen los recursos.
Los años de paralización de la gestión cotidiana, de no atender las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la función pública han provocado situaciones de deterioro insoportables, los bomberos exigiendo inversiones en medios para poder ser eficaces en su trabajo, denunciando la escasez y el deterioro de los materiales de los que disponen, la policía autonómica exigiendo más personal para garantizar la seguridad ciudadana, los estudiantes exigiendo acabar con los precios de las tasas más caras de todo el estado, los ayuntamientos afrontando la paralización de las subvenciones en guarderías, becas de comedor y tantas otras, con sus propios recursos, y reclamando la necesidad de una Generalitat fuerte y colaboradora con la administración local para atender los graves problemas acumulados en la población, principal víctima de la política de austeridad.
La sensación que produce esta situación que irá creciendo de forma exponencial, es que los responsables políticos del país no entienden que no se puede aparcar la recuperación de los desastres provocados por los recortes en sanidad, educación, en atención sanitaria, en atención social en un momento en los que se presume de recuperación económica, sin que ésta llegue a los sectores más perjudicados por la política de austeridad.
Realmente produce desaliento y desconfianza el pensar que quienes no están siendo capaces de garantizar la justicia social hoy, puedan prometerla para mañana.
Sinceramente creo que es absolutamente necesaria una profunda y rápida reflexión sobre cómo afrontar una nueva etapa en el país, una nueva etapa que contemple de forma decidida la acción de gobierno, asumiendo que es posible e imprescindible que la lucha identitaria no paralice la gestión ordinaria del gobierno y que una y otra pueden discurrir paralelamente.
La frustración que puede generar en la población el fracaso de un objetivo no conseguido puede provocar en unos, una situación de espiral de violencia, y en otros una profunda desmotivación que active situaciones no deseadas que den lugar a la aparición de soluciones populistas incendiarias. Lo ocurrido en Andalucía, nos puede dar la pista.