Que España no sólo suspende en independencia judicial, si no que estamos a la cola de los países Europeos, es algo que lamentablemente tenemos claro la mayoría de Españoles. Los ejemplos de esta lacra los tenemos diariamente.
La capacidad del gobierno de turno para designar a la élite judicial (lo estamos viendo estos días) no sólo afecta al supremo o al constitucional, afecta a la totalidad de la pirámide judicial: hasta el último eslabón de la justicia, los jueces de Paz los eligen los Ayuntamientos.
La no renuncia a esa potestad, modificando las leyes que sean necesarias para conseguirlo, demuestra la nula voluntad de Gobierno y parte de la oposición para modificar una situación que les permite continuar condicionando la independencia de la justicia a los intereses de turno.
"En lugar de garantizar la eficacia en la persecución de los delitos, se procura dificultar la acción de la justicia"
Algunos de los ejemplos más escandalosos de esta situación sin duda es la reducción de plazos para la instrucción de delitos sin la necesaria dotación de recursos tanto humanos como materiales para hacerlo posible, lo que demuestra una vergonzosa forma de poner la justicia al servicio de los intereses políticos.
En lugar de garantizar la eficacia en la persecución de los delitos, se procura dificultar la acción de la justicia.
Esta situación lamentable de nuestras instituciones judiciales nos lleva irremediablemente a la utilización de la justicia como parapeto ante la incapacidad de afrontar problemas políticos con soluciones políticas.
"El sometimiento del Tribunal Supremo a los intereses de los poderes económicos, a la Banca, demuestra al servicio de quien está nuestro aparato judicial"
El caso de Catalunya es sin duda el ejemplo más peligroso de esta irresponsable actitud. La judicialización de la política deja la solución de lo que es el problema político más grave que sufre nuestro País en la historia de la democracia, en manos de la justicia.
Pero no el único ejemplo. Probablemente el más vergonzoso de todos y el que más daño ha hecho a la credibilidad de la independencia de la justicia en nuestro País, ha sido el caso de las hipotecas.
El sometimiento del Tribunal Supremo a los intereses de los poderes económicos, a la Banca, demuestra al servicio de quien está nuestro aparato judicial.
La sensibilidad mostrada por nuestra justicia ante los enormes perjuicios que iban a tener los Bancos con la sentencia que les obligaba a asumir los costes de las hipotecas, contrasta con el desinterés, cuando no, desprecio por la situación de saqueo económico que sufrían millones de Españoles al tener que asumir los gastos de un acto cuyo único beneficiario eran las propias entidades financieras.
Con todo, lo que es indignante, es comprobar que era suficiente un Decreto Ley para parar el expolio que estábamos sufriendo los ciudadanos. La pregunta es señores y señoras del PSOE, ustedes que han sido los responsables de esa medida que introdujo el Ministro socialista Solbes, que ha tenido como consecuencia el saqueo de miles de millones de euros de los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas de este País, ¿a qué esperaban para parar semejante escándalo?
La irresponsabilidad de unos y otros, la de los gobiernos de turno por la utilización y politización de la Justicia y la de los magistrados y las instituciones judiciales por acomodarse a esta situación, hace difícil, costoso y largo la recuperación de la confianza y de la credibilidad.
Josep María Campos - Activista social y militante de Iniciativa per Catalunya (IC)