En este mini verano de 2021, que ha durado escasas tres semanas, que nos prometíamos mucho mejor que el del año pasado y va a resultar, inexplicablemente, mucho peor, todo es como de mentira, como de atrezzo. Y de todas esas mentiras, no se con cuál quedarme.
Sin duda la mentira más gorda ha sido la que nos ha traído el Tribunal Constitucional. Resulta que la mayor distopía vivida, que nadie se imaginó ni siquiera en la más freaky de las películas, no era verdad. Todos encerrados en casa y ahora, un año y medio después, nos explican los magistrados que era un fake. Que fue ilegal. Que todas las ruedas de prensa (incluidas las aderezadas con muchos uniformes militares) en las que se recontaban diariamente sanciones y multas, jamás tuvieron que haber pasado. Que todo fue mentira. Que todo fue inconstitucional.
Yo me he sentido como la primera vez que vi “Los Otros”, esa gran peli de Amenábar, en el justo momento en el que se descubre que estaban todos muertos. Así, con la misma expresión, entre incredulidad, cabreo y una leve sospecha de que ya se veía venir. Tres meses de arresto domiciliario que nunca tuvo que ser.
Los guionistas del alto tribunal han establecido que para hacer lo que se hizo, esto es, encerrar a un país entero en su casa y acojonarlo hasta el punto de que hay mucha gente que nunca más volverá a vivir tranquila, no bastaba con decretar un estado de alarma, que esa figura constitucional no era suficiente para suspender los derechos fundamentales. Que había que haber declarado el estado de excepción.
Es verdad que el estado excepción es bastante más arrollador en cuanto a libertades públicas se refiere, sin embargo, esa no es la cuestión.
Lo digo porque la legión de palmeros del gobierno no se ha cortado un pelo en salir a la palestra a exhibir sus “títulos de juristas” de manera inmediata para poner a parir al constitucional por esgrimir algo que está claro en la propia Constitución, esa norma que, por otro lado, el propio gobierno trata como si fueran las tablas de la Ley de Moisés, sagrada e inamovible.
El Tribunal Constitucional ha recordado que vivimos, por suerte, de momento y a pesar de muchos, en un Estado de Derecho y que eso implica cumplir la ley. Y que si el gobierno decidió hacer lo que hizo, tenía que haberlo hecho cumpliendo la ley y no chapuceramente como su gabinete le dio a entender. Y si no nos gusta la ley, pues la cambiamos, pero hay lo que hay, para la panadera, para el mecánico y para todos los ministros.
Es bastante sonrojante ver a los tertulianos de “nueva izquierda” defender la manifiesta ilegalidad cometida por el gobierno diciendo que el estado de alarma era menos gravoso para los ciudadanos que el estado de excepción. Seguramente sí. El problema es que cuando se decretó, nadie explicó qué era el estado de alarma, ni qué era el estado de excepción, ni qué implicaba uno y otro. Y ahora resulta que todos tienen un máster en derecho constitucional.
Nos trataron, a los 47 millones de españoles, como si fuéramos incapaces mentales. Nos bombardearon con frases bélicas y con videos ñoños de gente haciendo pastelitos, en lugar de tratarnos como a un pueblo adulto exponiendo claramente las implicaciones jurídicas de lo que se estaba haciendo. Y lo siguen haciendo.
El estado de excepción es una apisonadora de derechos, cierto es, pero exige ser aprobado con antelación a su aplicación. Esa es la diferencia inicial con el estado de alarma, que el gobierno aplicó sin control alguno los primeros quince días y luego durante seis meses seguidos, sólo para ahorrarse el engorro de tener que ir al congreso de los diputados, en un alarde de democracia que deja patitieso a cualquiera. Si el primer estado de alarma fue ilegal, el de los seis meses no te digo nada…
Entonces, si no nos gusta el estado de excepción, modifíquese, pero mientras esté, se debe de aplicar por el gobierno siempre que pretenda secuestrar a cuarenta y siete millones de personas sin darles la más mínima explicación seria y jurídica al respecto. Como se nos aplica la ley a cualquier hijo de vecino, sin posibilidad de réplica ni de elección.
Por mi parte, prefiero pensar que fue una elección consciente, porque si lo considero una equivocación, no sé qué hacen todavía ocupando sus cargos. El gobierno en pleno.
Otro mantra de los palmeros de la nueva progresía del bullying público es que con el estado de alarma se salvaron 450.000 vidas. Da igual que digan 450.000 o quinientos millones, ya que tal afirmación tiene la misma base científica, es decir, ninguna. ¿De dónde sacarán esa cifra? Según ese razonamiento, todos y todas las que estuvimos trabajando en la calle todos los días del estado de alarma tendríamos que haber muerto.
Pero así es esto ahora. Lo hago mal, me invento un rollo, saco una cantinela y la repiten mis voceros hasta la saciedad, con el objetivo de aborregar y asustar. Y a quien replique o piense un poco, le cuelgan la etiqueta de “facha” que, a estas alturas, han prostituido tanto como la etiqueta de “izquierda”, con idéntico resultado: ninguna de las dos significa ya nada. Con las nefastas consecuencias que eso no acarreará en muy breve espacio de tiempo.
¿Cómo es posible que esto suceda y no se inmuten las estructuras mismas de la democracia y la política españolas? Porque se cuenta con la complicidad de todas aquellas y aquellos que han visto en la aniquilación de la felicidad que ha supuesto el Covid una manera de no sentirse tan miserables consigo mismos. La policía de balcón, que luego evolucionó a la Gestapo de las mascarillas y que ahora son los defensores de las nuevas restricciones y del señalamiento público, especialmente a los jóvenes, los únicos a los que por no darles nada, ni siquiera se les ha dado la posibilidad de vacunarse.
Lo que sí se les ha dado es el título de “cuasi delincuentes” por hacer lo que se le permite hacer a todo el mundo. Así lo han determinado los nuevos tribunales inquisitorios de la moral pública desde algunas cadenas de televisión, públicas y privadas, que han convertido los platós en púlpitos y hogueras al mismo tiempo.
Mientras, nuestros dirigentes, llevan más de un año y medio sin hacer absolutamente nada en cuanto a legislación permanente y clara de lucha contra la pandemia se refiere, lo cuál nos aboca, una vez más, a los tribunales. Igual que tampoco se ha reforzado el sistema sanitario, es más, se han despedido a miles de personas de la sanidad pública y pasamos este verano de 2021 con más de 9.400 camas de hospital público cerradas, según el SATSE (Sindicato de enfermeras). Esto nos aboca también, una vez más, a las restricciones, en un nuevo alarde de creatividad y gestión responsable de los dirigentes.
Y aquí estamos de nuevo, encerrados por horas, por territorios, por imbéciles, por consentir que se nos maneje como a un grupo de preescolares, un año y medio después. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, eso es verdad.
Sin embargo, no todo es malo este verano. Para sobrellevar este no-verano, tenemos entretenimiento olímpico. Olimpiadas sin público, sin alegría y sin nada de lo que supone la súper celebración del deporte. También son bastante de atrezzo. Hasta el punto que nueve señores atletas competirán en el deporte femenino contra mujeres, sólo por que dicen sentirse serlo. Y no crean que compiten en tiro al plato o con pistola, qué va. Nueve hombres van a competir con mujeres, como si fueran mujeres, en ciclismo, atletismo, halterofilia y voleibol. Van a ser los primeros juegos olímpicos en los que presenciemos, en directo, nueve personas haciendo trampa.
Y justo en voleibol, donde las jugadoras del equipo olímpico noruego han solicitado jugar con pantalón corto en lugar de con las bragas del biquini, para estar más cómodas sin preocuparse de que no se les vea el culo. El COI ha dicho que ni hablar y ha amenazado con multarlas si usan esos diez centímetros más de tela. Ese debe ser otro de los privilegios que, según la señora Vicky Rosell, delegada contra la violencia de género del gobierno de España, no poder ni elegir la ropa que ponernos. Otra que está de atrezzo.