Situémonos donde lo dejamos.
Estábamos en la casualidad que supone que uno de los mayores altos cargos del Ministerio de Trabajo del Gobierno Zapatero, el señor Octavio Granado, fuera llamado de manera inmediata a volver a ocupar su cargo de Secretario de Estado de Seguridad Social, en cuanto Pedro Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno en solitario, en mayo de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
No está de más recordar que el Sr. Granado era quien estaba al mando cuando se subvencionó el estudio por parte del Gobierno, en el que se explicaba cómo regularizar la prostitución en España y, así, llenar las arcas públicas. Y no solo eso, sino que, dentro del Partido Socialista, una vez siendo ya secretario general, Pedro Sánchez, fue nombrado miembro de la Ejecutiva Federal, el máximo órgano del PSOE, como responsable de la Secretaría de Empleo. Es decir, el encargado político de diseñar el mercado laboral español.
Antes, había sido Secretario de Economía del mismo órgano, cuando Zapatero era secretario general del PSOE: responsable de economía y de empleo. Desde luego, parece que se tenía bastante en cuenta la opinión de este hombre en las altas esferas socialistas.
El gol por la escuadra que no fue
El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez inicia su primera etapa de gobierno socialista, en solitario, jurando su cargo de presidente. El 19 de junio del mismo año, apenas 15 días después, Octavio Granado es vuelto a nombrar Secretario de Estado de Seguridad Social, dentro del Ministerio de Trabajo, con Magdalena Valerio al frente.
El 25 de junio del mismo año, sólo una semana después, se presentan en el Ministerio de Trabajo los estatutos del «sindicato de trabajadoras sexuales», OTRAS. El 4 de julio, el Ministerio hace un requerimiento de subsanación al ‘sindicato’, referido a la documentación laboral de una de sus miembros. El 18 de julio, subsana la organización, entregando la documentación requerida. El 31 de julio, el Ministerio de Trabajo aprueba la inscripción de la organización, OTRAS, como sindicato y lo publica oficialmente el 4 de agosto, mediante la resolución 40130 del Ministerio de Trabajo, firmada por Concepción Pascual Lizana, bajo la siguiente denominación:
«Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado ‘Organización de Trabajadoras Sexuales’ en siglas OTRAS, con número de depósito 99105790».
Con esta resolución, el gobierno de Pedro Sánchez legalizaba de facto el proxenetismo en España con un acto administrativo y discrecional, es decir, que no depende de nadie más que de ellos mismos. Y lo hacía ya que, al reconocer una organización sindical, automática e implícitamente se reconoce que existe una patronal del sector al cual pertenecen los «trabajadores» de ese sindicato.
Esto no es cualquier cosa, porque el motivo por el cual se solicitó la subsanación a OTRAS fue porque una de las «trabajadoras» no constaba como trabajadora de una empresa del sector. Del sector de la ¿prostitución? Subsanaron el defecto entregando la nómina de la «trabajadora» que, sorpresa, sorpresa, constaba como personal de APROSEX, concretamente, como administrativa. Y así, sin más, dio por subsanado el trámite el Ministerio de Trabajo, sin preguntas ni duda alguna.
APROSEX se hizo ampliamente conocida por ser la asociación de «trabajadoras sexuales» que recibe subvenciones millonarias del ayuntamiento de Barcelona para organizar cursos sobre cómo hacerse puta o cómo hacer mamadas. Tampoco es casualidad, que sean las mismas personas de APROSEX las que instaron la creación e inscripción de OTRAS, ambas organizaciones afincadas en Barcelona.
Para el que a estas alturas de este artículo ya esté salivando con la idea de demandar a este medio o a la que suscribe por calumnias o algo parecido, advierto de que no lo hagáis. Toda esta información consta tanto en el expediente administrativo de constitución de OTRAS como en el expediente judicial que se inició por una denuncia al Ministerio de Trabajo, por legalizar este pseudosindicato. Ambos están en mis manitas. Sigamos.
Nadie se pasa el mes de agosto mirando el Boletín Oficial del Estado (BOE), así que, a día de hoy, aún no sabemos quién filtró a los grupos de mujeres el anuncio de la constitución del ‘sindicato’ y su aprobación por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo. Una auténtica heroína, porque a partir de que se conoció, algunas organizaciones feministas se pusieron en marcha para detener aquel despropósito. Concretamente, desde una de ellas, se interpuso un recurso administrativo ante el propio Ministerio, el cual sólo tenían que aceptar y estimar para dejar zanjado el asunto.
Sin embargo, cuando la ministra, Valerio, hacía historia periodística con su símil del «gol por la escuadra», dando a entender que se la habían colado con este asunto del cual no estaba enterada, y a la vez que cesaron de manera fulminante a la funcionaria que firmó el anuncio publicado —Concepción Pascual—, como si la decisión y la responsabilidad hubiera sido solo suya, al mismo tiempo, la organización que había instado el procedimiento administrativo recibía una resolución, el 8 de noviembre de 2018, del Ministerio de Trabajo, diciendo que no pensaban enmendar su error y que decidieran los tribunales.
Sin embargo, también en los tribunales, el Ministerio de Trabajo opuso resistencia, ya no a arreglar su «error», sino que fuera materia de juicio. La misma organización que presentó recurso administrativo fue la única que denunció al Ministerio de Trabajo en la Audiencia Nacional por su proceder. Tanto el abogado del Estado como el fiscal presentaron, el 24 y el 25 de septiembre de 2018, respectivamente, escrito ante la Audiencia para que no fuera admitida la demanda presentada por L’ESCOLA A.C. Finalmente, la Audiencia Nacional desestimó ambas peticiones y la demanda fue admitida. Pero lo realmente reseñable es que el gobierno se resistió activa y enérgicamente a parar el «gol» marcado a la ministra. Parecía que dentro del Ministerio ya les iba bien el marcador.
Pero como el Gobierno es como la banca —siempre gana—, se celebraron un juicio y una vista. El juicio contra el Ministerio quedó aplazado hasta que diga el Tribunal Supremo (TS) y el sindicato OTRAS sigue funcionando de manera legal, puesto que, aunque el juez de la Audiencia Nacional anuló sus estatutos por entender que el concepto «trabajo sexual» no puede existir, ya que atenta contra la libertad sexual, lo cierto es que hasta que el TS no dicte sentencia firme, el Ministerio de Trabajo seguirá con sus manitas limpias en este asunto.
Y cabe preguntarse, ¿era Concepción Pascual alguien tan ignorante o tan poderoso como para no saber lo que estaba firmando o para hacerlo con todo conocimiento de causa y el beneplácito de sus superiores? Su currículum nos descarta por completo la primera opción y nos arroja un dato interesante, que es que la cesada, Concepción Pascual, desarrolló toda su carrera como Inspectora de Trabajo, primero, y como Jefa de Servicio de Relaciones Laborales, después, desde 2004 a 2006, en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en Barcelona, justo donde desarrollan OTRAS y APROSEX toda su ‘actividad’.
Hasta aquí la aportación activa de los gobiernos socialistas en solitario de los últimos 15 años a la abolición de la prostitución, que tanto abanderan, curiosamente, solo en campañas electorales. Sin embargo, aquí parece aplicar la máxima de estar a Dios rogando y con el mazo dando.
¿Qué fue del señor de Burgos?
En cuanto al nexo de este artículo, el señor Granado, tuvo sonadísimas broncas —incluso en público— con la ministra, Valerio, sobre todo una a tenor de unas declaraciones de Granado sobre una posible modificación de las pensiones de viudedad. Parece que el señor Granado no se entendía con la ministra y, antes incluso de las elecciones del 26 de mayo de 2019, ya dijo que se quería volver a Burgos y no saber nada más de nadie, después de toda una vida de cargo en cargo. Nada mal para un profesor de secundaria sin conocimientos específicos de economía, que entró en política como senador por designación directa de su comunidad en 1983.
Y de ahí hasta que el Sr. Granado fue cesado, en enero de 2020, cuando el Ministerio de Trabajo pasó de manos socialistas a manos de Podemos. En la Ejecutiva federal del PSOE fue sustituido por su antigua jefa, Magdalena Valerio, que hoy ocupa el cargo de Secretaria Ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo.
Parece ser que el tema de don Octavio eran las pensiones, y «preocupado» por no poder pagarlas en la época de máximo crecimiento de la economía española, subvencionó el estudio que planteaba y desarrollaba la idea de que pagarlas con impuestos provenientes de la explotación sexual de mujeres, niños y niñas, podía ser muy aceptable y ventajosa. Mejor tener opciones, pensaría él.
No le echaron, se fue y se fue cuando quiso. Pero el testigo de su planteamiento ha sido recogido entusiastamente por la nueva coalición de «gobierno progresista y de izquierdas». El más, más «progresista», según sus miembros, uno que nunca hemos visto en este país (¡¿?!).
Pueden preguntarse, ahora: ¿qué relación hay entre este hombre y la directora General de Empleo, Concepción Pascual, quien firmó la legalización del sindicato OTRAS y fue la única cesada en el Gobierno por tal cosa? La respuesta la encontramos en 2008. Pascual fue la directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, desde junio de 2008 a junio de 2012, en el Ministerio de Trabajo e Inmigración en Madrid, justo por debajo, en el organigrama, del señor Granado.
Todos amigos, todos viejos conocidos. Altos funcionarios que, al fin y al cabo, manejan el país. Ella, igual que él, parece haber desaparecido de la escena política pública. Quizá porque ambos ya cumplieron con su deber.
¿Abolición o recaudación?
En la nueva etapa de gobierno «progresista», la estrategia del presidente y su gabinete (que pareciera ser unipersonal, formado exclusivamente por el tótem, Iván Redondo), en cuanto al tema de la prostitución, ha cambiado.
Y quizá es lo único que ha cambiado, ya que la intención de regularizar la prostitución como actividad laboral queda más patente que nunca, al pasar a manos de sus socios de gobierno, Podemos —cuya cúpula ha demostrado por activa y por pasiva que está a favor de legalizar la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, bajo el neologismo del ‘trabajo sexual’— los tres ministerios clave para este objetivo.
Se trata de los ministerios de Igualdad, teóricamente el ministerio de las mujeres; Trabajo, el que de facto tendría que realizar las gestiones para ello; y Universidades, elemento absolutamente clave para introducir la idea del «trabajo sexual» como una alternativa laboral aceptable para las universitarias de este país. No en vano, antes de la pandemia, se organizó un vergonzoso tour por las universidades públicas españolas de propaganda y exhibición de la explotación sexual como algo aceptable y empoderante. Supongo que habrán sabido que los puteros las prefieren instruidas.
Le pasan la patata caliente a los ‘podemitas’, que todos sabemos el papel que tienen en este Gobierno, y ponen en la picota a quien parece ser «la menos lista de la clase», que es la nefasta Ministra de Igualdad, Irene Montero. El último capítulo de esta historia, al hilo del cierre de los burdeles, así lo demuestra.
Un poquito de memoria
Los prostíbulos, si es que alguna vez llegaron a cerrar, llevan abiertos desde la Fase 1, fase que decretó y diseñó el gobierno central, puesto que aún estaba vigente el estado de alarma y el gobierno estatal era plenipotenciario. Y decidió que los hoteles podían abrir, aunque la gente no pudiera salir de su provincia y sólo pudiera salir a la calle determinadas horas al día. ¿Para qué querríamos ir a un hotel en nuestra provincia unas horas al día? Obviamente para nada, a no ser que tengamos en cuenta que la mayoría de burdeles tiene licencia de hotel. Y ahí sí van los puteros un ratito en su propia provincia, ciudad o barrio. Por tanto, puticlubs abiertos hace meses.
Y ahora, después de que se han hecho públicos varios rebrotes de COVID-19 en los puticlubs, como era de esperar, la ministra, Montero manda una cartita a las comunidades autónomas pidiendo que, ‘porfa, porfa’, a ver si pueden decretar el cierre de los burdeles, porque son un foco de contagio difícil de rastrear.
No porque sean centro de violación en cadena o lugares donde se pisotean los más básicos derechos humanos, no. Eso le da igual al Gobierno entero, porque, si no le diera igual, nunca jamás hubiera dejado que volvieran a abrir.
Sin embargo, la nota final, triste y rozando lo patético, la han puesto algunas que se llaman «feministas socialistas», saliendo públicamente a criticar a la Ministra de Igualdad de su gobierno porque no ha dicho las cosas como ellas creen que las tiene que decir. Lo de estas mujeres ya roza el bullying institucional.
Se meten con la menos hábil, que pareciera que no da para más y que pinta cero en el Gobierno, en lugar de exigir explicaciones a los auténticos mandamases del país, esto es, los Ministros de Interior, Justicia, Sanidad y el presidente del Gobierno, todos de su partido. A esos, no se les pide ni una mínima explicación.
Pero no es justo meter a todas en el mismo saco, ya que todo pasa por algo.
Hubo un tiempo en que las mujeres feministas en el PSOE eran fuertes, decididas, valientes e hicieron historia; muchas veces. Esas mujeres, que existen, en su mayoría fueron purgadas, silenciadas o apartadas porque perdieron la madre de todas las batallas del PSOE. La gran mayoría de esas mujeres apoyaron a Susana Díaz en aquellas primarias cainitas. Algunas apoyaron a Patxi López, pero lo que no recuerdo es a ninguna feminista que apoyara a Pedro Sánchez. Se firmó un manifiesto público, a dos días de la votación, en apoyo a Díaz. Y aquella lista, resultó ser la lista de la muerte del feminismo socialista en España porque, desde entonces, en el principal partido de gobierno ya sólo se escucha a palmeras y acusicas de patio de colegio. Pero esta ya es una historia para otro día.
Sin embargo, lo importante, ahora, es tener presente que queda demostrado, tras este caso, que no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Gobiernos de autodenominada izquierda, para los que las mujeres sólo son un público electoral al cual prometer todo lo que nunca van a cumplir, y cuerpos que vender, con los que buscan mantener su sistema de poder patriarcal. Me gusta pensar que lo vamos a parar.