En las últimas semanas, parece que se ha recuperado del cajón de sastre del olvido, a un viejo “enemigo” del orden público. De repente, los okupas, además de casas, vuelven a ocupar portadas y titulares, en todos los medios de comunicación, que, como ya viene siendo una triste costumbre, más que informar, lo que quieren es amarillear. La veracidad de la información o a la relación entre el titular y el cuerpo de la noticia no importa nada. Lo que importa es el impacto de la frase, el “tweetazo”.
Y en esta política de la desinformación, los okupas son carne de cañón.
Parece como si, de repente, las malas gentes, los enemigos del sacrosanto derecho de la propiedad privada, se hayan echado a las calles en hordas, a usurpar y allanar las casas de familias que se habían ido a pasar el verano a Benidorm o de pobres abuelitos que alquilan pisos para poder compensar sus pensiones de miseria. Incluso la Fiscalía ha publicado una instrucción ad hoc, para acelerar los trámites de expulsión de ocupantes “ilegítimos” de las viviendas.
Las okupaciones de viviendas de particulares existen, y son un auténtico drama para las personas propietarias. No hay ningún precepto legal que ampare que alguien se cuele en tu casa, donde también están todas tus cosas, se adueñe de ellas, y te genere una cantidad enorme de pérdidas materiales y un daño personal irreparable.
Por mi profesión, he intervenido varias veces en procesos de desahucios de casas particulares y no hay derecho constitucional que justifique el daño que sufren esas personas, incluso cuando recuperan la posesión del inmueble, muchas veces en condiciones deplorables y sin uno solo de sus efectos personales. Eso es así, y ningún discurso político, por populista, demagogo, irresponsable e ignorante que sea, puede sostener que semejante barbaridad sea admitida.
Ahora bien, dicho esto, la situación de conflictividad social que se produce en determinados lugares que se están convirtiendo el auténticos guetos de marginalidad a lo largo y ancho de todo el país, tiene unos responsables directos por acción muy claros, que son los bancos. No es un topicazo, es que es su culpa, enteramente, que se produzcan los enfrentamientos vecinales que son portada de los periódicos.
Nuestros bancos, aquellos que desde 2008 tuvimos que subvencionar con el dinero de todos, con la nada despreciable cantidad de sesenta mil millones de euros aproximadamente, entre ese año y hasta 2018, realizaron unas 350.000 ejecuciones hipotecarias, esto es, echaron a la calle a 350.000 familias a las que ellos mismos les habían concedido hipotecas que, sabían que no podían pagar. Las desahuciaron, se quedaron con el dinero que habían pagado quienes se quedaban en la calle, también se quedaban con la casa, y lo que faltaba por pagar, iba a cuenta de los 60.000 millones de euros del rescate.
Fue la estrategia de “ganar-ganar”, puesto que los bancos se quedaron con las propiedades y con el dinero. Para las familias, por supuesto, fue un “perder-perder”, en muchas ocasiones, hasta la propia vida. Concretamente, los estudios psiquiátricos de aquellos años apuntan a que los suicidios aumentaron un 50% en España, llegando a uno de sus puntos álgidos en el año 2017, donde se contabilizaban once suicidios diarios, la mitad de ellos, relacionados directamente con un proceso de desahucio. Las personas a las que iban a echar a la calle se lanzaban por la ventana al ver llegar a la comisión judicial, o la noche antes se ahorcaban en la propia casa. En ese momento ya no sólo se ejecutaron de hipotecas.
Y, sin embargo, lo perverso de esta pesadilla ultraliberal con respecto a la vivienda no termina ahí.
Los bancos, al recibir ese generoso rescate, como no tuvieron ni un solo euro en pérdidas, nunca tuvieron prisa por poner en circulación en el mercado inmobiliario las viviendas desahuciadas, y se dedicaron a dejarlas cerradas criando polvo y deudas. Deudas muchas, porque no se si ustedes saben que ningún banco paga, por política de empresa, ni un solo recibo de contribución al municipio, ni un solo recibo de comunidad de propietarios, ni un solo gasto afronta de los inmuebles de los que son propietarios. Otro trato de favor a los grandes tenedores por parte de los sucesivos gobiernos. Prueben ustedes a dejar de pagar la contribución de sus casas, a ver que les ocurre y cuanto tardan en ser embargados.
Por tanto, los bancos, dejaron a familias en la calle simplemente para seguir especulando con las viviendas que habían cobrado por partida doble, de las familias y del estado, con intereses incluidos.
Como las personas necesitan un techo donde vivir, por mucho que nos empeñemos en mirar para otro lado, y los malos siempre están ojo avizor para aprovechar cualquier oportunidad de hacer negocio, se ha generado en nuestro país toda una serie de pequeñas mafias que se dedican a investigar en los registros de la propiedad, a averiguar cuáles son los pisos vacíos pertenecientes a entidades bancarias, ocuparlos de manera ilegal, y luego alquilarlos, cobrando cada mes, a personas de buena fe, que creían que quien se lo alquilaba era el legítimo propietario. O también, a personas que, simplemente, no tienen otro sitio donde meterse, porque, aunque no lo crean, lo de vivir debajo de un puente, sigue sin ser una opción.
Es cierto que hay lugares donde las okupaciones son especialmente conflictivas, puesto que se han generado zonas de delincuencia, especialmente dedicada al cultivo de marihuana o al tráfico de drogas. Pero eso también ha sido culpa de los grandes tenedores, que han hecho completa dejación de funciones como propietarios de los inmuebles que arrebataron a las familias, con el alto coste que ya hemos apuntado. Dejación consistente en no instar los trámites de desocupación de sus propias viviendas, dejando el problema, casi siempre, en manos de los ayuntamientos, que ni tienen la competencia ni el dinero para enfrentar tal situación. Lo que si tienen es a los vecinos y las vecinas cabreados, y con razón, y un alto riesgo de enfrentamiento comunitario.
He dicho antes que los bancos eran los responsables por acción. Pero los gobiernos estatales y los de las comunidades autónomas, sin duda, lo son por omisión. Ni un solo gobierno ha exigido responsabilidad a las entidades bancarias por la problemática generada por su parque de viviendas provenientes de los desahucios. Ni siquiera han sido capaces de reclamarles los impuestos que deben, o los gastos inmensos generados a la administración de justicia, por todos los procesos de desahucios que instan para recuperar la posesión de unos inmuebles que dejaron abandonados durante años, una vez hubieron expulsado a las familias a la calle.
Sin embargo, ni a los bancos ni a los gobiernos les interesa quitar el foco de los “malvados okupas”, no vaya a ser que salga a relucir su responsabilidad total sobre este asunto. Es mejor dejar que la prensa sitúe a las personas en el paredón mediático y siga generando alarma y miedo hacia el prójimo. Un prójimo cruel que, en los tiempos que corren, o bien te contagia el virus, o bien te roba la casa. Cada vez más aislados y más atemorizados, cada vez más manipulables.
Es el sueño de cualquier régimen totalitario.