Desde la semana pasada, Ecuador es un país donde las mujeres siguen sin poder abortar casi bajo ningún concepto (incluidos malformación del feto, incesto o violación), so pena de dos años de cárcel, pero sí pueden vender a sus hijos en la pingüe industria del alquiler de vientres y tráfico de bebés.
Son las cosas que tiene el neoliberalismo radical disfrazado de izquierda, que te deja hacer cualquier cosa, mientras lo que hagas genere dinero y, encima, te lo venden como un derecho supervanguardista. Si el derecho al aborto libre y gratuito no genera beneficios, cárcel para las mujeres. Pero si la industria de los vientres de alquiler, en cambio, es un negocio multimillonario en todo el mundo, que se legalice y rápido.
Esta aberración sucede en el país centroamericano desde la semana pasada. La Asamblea Legislativa aprobó el nuevo Código Orgánico de Salud que, en su artículo 196, recoge el derecho a la «gestación subrogada» como si de una técnica de reproducción asistida se tratara. Concretamente, ese artículo garantiza el derecho de la «madre compradora» a comprar —ningún otro— que, en puridad, es lo único que se puede garantizar al legislar, permitiendo de los vientres de alquiler el derecho del rico a comprarse una persona pobre.
Obviamente, en dicho código no pone ni una letra sobre cómo se va a articular este nuevo «derecho» de las mujeres pudientes, pero no es un olvido y tampoco es necesario, ya que garantizando la legalidad del tráfico de humanos, en breve, aparecerán como setas agencias, clínicas y abogados, babeando como el perro de Pavlov cada vez que oía la campana, pensando en sus muchos beneficios y un montón de funcionarios y funcionarias corruptos dispuestos a agilizar cualquier tipo de trámite que necesite todo aquel que esté dispuesto a pagar.
Es interesante un poco de retrospectiva en la situación de los derechos de las mujeres en Ecuador. En 2013, Paola Pabón, una diputada del partido del entonces presidente, Rafael Correa, presentó una propuesta de despenalización del aborto en casos de violación. La reacción de Correa, ese a quienes todos tienen por un señor muy de izquierdas y muy a favor de los derechos humanos, fue la de expresar su furia públicamente, amenazar con dimitir como presidente si sus diputados votaban a favor de tal propuesta y, por último, sancionar a la diputada de su partido, Paola Pabón, a la cual, por supuesto, acabaron dimitiendo.
No se cansó Correa, el que había sido tan «valiente», de decirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que no le pensaba pagar su deuda, de decir en todas las televisiones y medios de comunicación que nunca, jamás, permitiría la despenalización del aborto en Ecuador.
Es decir, todos los derechos que él pretendía garantizar al pueblo ecuatoriano eran, una vez más, sólo para la mitad del pueblo ecuatoriano, los hombres. A Correa le importaba bien poco que, en los últimos diez años, más de 20.000 niñas hubieran sido madres en su país, de embarazos no deseados producto de una violación en el entorno familiar y religioso, todas pobres. A Correa tampoco le importaban un comino las miles y miles de mujeres muertas por practicarse un aborto clandestino sin las mínimas condiciones de salubridad, todas pobres. A él le importaban los pobres, pero los pobres hombres y los que le seguían en su ultracatolicismo (un rasgo muy de ¿izquierda?, confirmado con uno de sus asesores mientras era presidente).
En 2019, se volvió a intentar. De nuevo, la Asamblea Legislativa ecuatoriana debatió sobre la despenalización del aborto en caso de violación o incesto. Y de nuevo, volvieron a votar en contra. No se llegó a la mayoría cualificada necesaria y en la puerta de la Asamblea, grupos ultracatólicos lo celebraron con una misa in situ, mientras las activistas feministas lloraban de rabia e impotencia, recordando a todas aquellas muertas por no poder acceder a un sistema de salud que les niega sus derechos; las muertas por sepsis, desangradas, en definitiva, asesinadas por un Estado y una sociedad que no las protege. Seguirá aumentando esa lista.
Y, sin embargo, en medio de la mayor emergencia sanitaria que el mundo ha vivido en los últimos cien años, por la que a nadie se le olvidan las imágenes de la gente muerta y tirada en las calles de Guayaquil —la segunda ciudad más importante del país—, por la falta de todo tipo de recursos para hacerse cargo de los vivos y de los muertos, haciendo incluso piras de cadáveres para quemarlos en la calle e intentar protegerse la ciudadanía de la transmisión de la COVID-19, en medio de ese 'fregao' y sin venir a cuento, legaliza la Asamblea Legislativa los vientres de alquiler, como si eso fuera parte de la solución a la emergencia sanitaria.
El presidente actual, Lenin Moreno, nunca se mostró a favor ni en contra del aborto ni de nada que tuviera que ver con los derechos de las mujeres. Para situar a quien no conozca al personaje, es aquél que declaró que los casos de acoso de hombres a mujeres, en realidad, eran un invento, porque sólo se denunciaba a los hombres feos. Las pérfidas mujeres...
Pero como siempre viene bien darle un barniz de Derecho a las cosas, en la misma ley que legaliza los vientres de alquiler se aprueba un precepto que dice que las mujeres que sufran un aborto serán atendidas en la Sanidad. Esto, mucha prensa inepta lo ha publicado como si se legalizara el aborto en Ecuador, pero no es cierto. Lo único que garantiza es que una mujer que sufra un aborto espontáneo será atendida en un hospital. Algo que, de tan obvio, no debería ni escribirse. Lo que no dice la ley es que una vez atendida, si el médico llama a la Policía porque la ve sospechosa de haber abortado voluntariamente, ella puede acabar en la cárcel dos años.
Sin embargo, la prensa no se molesta ni en leer los textos ni en escuchar las declaraciones de los diputados que votaron a favor de esta propuesta de ley, que repitieron como un mantra durante toda la semana que, en Ecuador, el aborto seguía siendo ilegal. Y así es.
Así que, en este país centroamericano, los derechos de las mujeres son o no son en razón de a los que el mercado beneficie, sumándose así, a otros del entorno, como México, donde otras «izquierdistas feministas», como la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o la Secretaria de Gobernación federal, Olga Cordero, ambas de Morena, el partido del presidente, López Obrador, han apostado también por facilitar el negocio a la industria de los vientres de alquiler y la mercantilización de las mujeres y bebés, en el país de los 10 feminicidios al día.
Entonces, en Ecuador, uno de los países más pobres del mundo, el tercero de América Latina donde más ha aumentado la pobreza extrema entre 2014 y 2017, ofrece a sus mujeres ricas la posibilidad de comprar lo único que pueden vender sus mujeres pobres, que son sus hijos.
Sin embargo, y siendo más perversa, al mantener el aborto ilegal, es posible que la legalización de los vientres de alquiler sea, en realidad, la segunda parte del plan de expansión del negocio. A saber: si hubo 2.000 nacimientos de bebés de embarazos no deseados, no hay que ser muy lista para ver que la materia prima de la industria de los vientres de alquiler está garantizada en ese país. Y barata.
Pero, en España, ¿qué nos importa lo que pasa en la costa del Pacífico?
Nos importa en la medida en que, mientras existan sitios en el mundo que hagan negocio con la pobreza femenina, existirán en otros sitios seres miserables dispuestos a aprovecharse de esa situación como, por ejemplo, quien paga por una criatura ajena.
Expongo una posibilidad, a riesgo de dar ideas a los malos. Es, la población ecuatoriana, la de mayor presencia en España que proviene de América Latina. Miles de mujeres ecuatorianas trabajan en nuestras casas como empleadas del hogar, la mayoría, como muchas en ese sector, sin contrato. Casi todas ellas son jefas de familia transnacional, ya que mantienen a los suyos a miles de kilómetros.
Imagínense, en España, aún siendo ilegal y penado, comprar una criatura en Ucrania o Eslovenia roza los cien mil euros. Sin embargo, si a la «gestante» la tuvieras en casa, todo sería mucho más barato. A saber: inseminación artificial cubierta por la Seguridad Social y avión a Quito, 600 euros. Lo que le quieran dar a «la muchacha» y todo arreglado. Las cuentas salen redondas.
No estoy exagerando. Estoy segura de que eso es posiblemente ya una realidad. Porque, en todo lo que tiene que ver con los vientres de alquiler, cualquier crimen contra los derechos humanos de las mujeres y los bebés que puedan imaginar se queda corto comparado con la realidad. Una realidad que nuestro Estado se niega a parar. Se niega a retirar su absurda instrucción de 2010 que permite la inscripción de estos críos en las embajadas españolas en el extranjero mientras, de nuevo, dice estar muy, muy, pero que muy en contra de los vientres de alquiler.
Se niega, nuestro gobierno «feminista», a poner claro que las madres no son propietarias de lo que paren. Que lo que se posee son las cosas, no los seres humanos. Y que, por eso, las personas no se pueden comprar ni regalar. Por nadie. En ningún lugar.
