Tengo la sensación de que este 2019 la pobre Justicia española está viviendo su annus horribilis. Y no sólo por el rapapolvo que le acaba de caer de parte de su prima la Justicia europea (digno del personaje de “cuñada malvada” presente en cualquier cena de nochebuena), sino porque parece que, en materia de delitos sexuales, los jueces y juezas que inclinan la balanza de la señora ciega en túnica grecorromana, la tienen que tener a la mujer ya toda loca.
El último espectáculo lamentable, al que el pueblo se ha sumado como una parte más del proceso judicial al más puro estilo medieval, ha sido el juicio de la Arandina, ese donde han condenado a tres hombres a 38 años de cárcel cada uno por violar a una niña de 15 años. Esos son los hechos probados en la sentencia, la verdad judicial, consensuada por el tribunal tras el examen de un sin fin de pruebas y testimonios que han dado lugar a un sumario de casi 8.000 folios.
Así explicado parece claro que se trata de un crimen deleznable, de esos que forman parte de las últimamente habituales manadas de depredadores sexuales, cuyo modus operandi es aprovechar la inferioridad física y situacional de la víctima para violarla en grupo.
Cualquier persona normal condenaría algo así. Cualquier persona, excepto las 500 personas que se manifestaron en apoyo a los condenados en Aranda del Duero el día que se conoció la sentencia, y los cientos y cientos de tuiteros y tuiteras que se empeñan en criminalizar a la víctima y hacer campaña por los “buenos chicos” que son los tres hombres condenados. Lo de las redes no es nuevo, pero lo de manifestarse a favor de los violadores sí.
Y es que la sociedad arandina, o al menos una parte de ella, con su actitud, ha hecho del mundo al revés una realidad, pues en este momento los tres condenados a casi cuarenta años disfrutan de las fiestas navideñas en los bares y calles de su pueblo, mientras que la víctima permanece encerrada en su casa por las amenazas recibidas por parte de personas de esa sociedad arandina, que no está dispuesta a que lo que haya podido pasarle a una niña manche el buen nombre de su ciudad, y mucho menos de su equipo de fútbol.
Al fin y al cabo, para ellos y, según parece dicen en algunos mensajes ilegalmente e intencionalmente filtrados, la niña estuvo allí porque quiso.
Pero esta actitud no es única de la gente de Aranda, se ha repetido en todos y cada uno de los casos “mediáticos” de agresiones sexuales que se han dado el último año. Poner en duda la única prueba que suele existir en los delitos sexuales, que es el testimonio de la víctima, es algo automático en la mente de todos y todas, al menos, aunque sea durante un segundo en algún momento del proceso. Qué hacía allí, donde iba una niña sola con varios hombres, porqué no se fue o denunció antes, en fin, la típica retahíla a la que magistralmente pusieron melodía y coreografía las chicas de Las Tesis.
El punto está en cuando la retahíla la tiene que plantear la fiscalía y los jueces que van a dictar sentencia. Cierto clamor popular y de tertulianos y tertulianas ávidos de atención y salario mediático nos colocan la idea de que se puede condenar a alguien a casi 40 años de cárcel simplemente por el testimonio de una persona, que puede ser falso.
Como antes decía con los hechos probados, visto así con esa simpleza, pudiera ser que todos nosotros nos planteáramos la duda razonable de si ese hecho pudiera llegar a ser cierto, lo cual, a todas luces, constituiría una injusticia. Y no sólo eso, sino que sería tanto como decir que nuestros tribunales condenan sin pruebas, no dependiendo de los hechos que pasan, si no de quien los comete o quien los denuncia. Derecho penal de autor, se llama eso, muy propio de las dictaduras.
Sin embargo, estén todos tranquilos y tranquilas, porque no es ese el caso que nos ocupa en Aranda, ni tampoco en Pamplona, ni en Manresa. En todos esos casos de violaciones grupales es cierto que la principal prueba de cargo es el testimonio de la víctima. Pero lo es en todos los delitos recogidos en nuestro código penal, excepto en los que la víctima lo ha sido de homicidio o asesinato, por obvias razones.
Sin embargo, eso no quiere decir que dicho testimonio no se evalúe de manera exhaustiva, de manera muchas veces hasta insultante, una y otra vez, hasta llevar a la víctima al límite para comprobar la veracidad de lo que dice. Sólo cuando los jueces y juezas son convencidos de esa veracidad, se condena a los violadores. No antes y no arbitrariamente.
Sin embargo, donde los jueces y juezas patinan en es el mensaje que transmiten a esa parte de la sociedad que aún hoy no tiene claro que una violación sea, ya no un delito grave, sino que sea un delito propiamente dicho, ya que, si la víctima no ha muerto en el intento de defenderse, como les ocurrió por ejemplo a Nagore o a Diana Queer, es porque creen firmemente que ella, en el fondo quería y buscaba lo que le pasó.
Y digo que patinan en el mensaje porque a nosotros, pueblo llano, nos quedaría bastante más claro lo mal que te puede ir la vida si violas a una mujer, si los que imparten justicia tuvieran unidad de criterio, y mantuvieran el del caso Arandina también para los seis hombres que violaron a una niña de 14 años por turnos en Manresa, y para el violó a una niña de 5 años que “no opuso resistencia”, todos condenados sólo por abuso. Y ya hubiera sido totalmente educativo no haber tenido que ir hasta el Supremo para que aclarara que lo de la manada de Pamplona sí era una violación.
Señorías, háganlo por la pobre ciega que, a este paso, se va a suicidar tirándose de la balanza.