Ante todo, debo agradecer a El Taquígrafo, y especialmente a
Carlos Quílez, que permita la libertad de sus colaboradores, entre los que me
incluyo, y desde la primera de mis colaboraciones queda claro que sólo expreso
mi opinión.
En España, una resolución es justa o injusta si
objetivamente es ajustada a la equidad. Solo la llamaremos injusta al ir contra
nuestros intereses si nosotros somos injustos y perdemos la objetividad, lo
cual es muy fácil si somos nosotros mismos los receptores de esa resolución.
Jurídicamente, una resolución injusta lo es cuando una
autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un
asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta
y contraria a la ley. Esa injusticia se basa en haber traspasado la legalidad a
sabiendas de que se traspasa. El caso más sencillo de entender, y también el
más complicado de apreciar en derecho, es el del juez que dicta resoluciones
contrarias a la ley o fundadas en manifiestas falsedades. Así pues, bajo ningún
concepto debe confundirse lo justo (o su concepto para el común de la
ciudadanía ajena al derecho) con lo legal o con lo legalmente justo.
Exquisitez y garantismo
En absoluto se puede estar de acuerdo con el concepto de
justicia o injusticia ante todo el procedimiento de instrucción y juicio del
“prusés”. Todos los jueces han obrado con una exquisitez y garantismo inusuales
en estos casos. De hecho, por agravio comparativo, muchos abogados seguimos
estupefactos con todo lo que se ha consentido a las defensas y a los propios
procesados.
¿Pablo Llarena es un juez justo? Sí, lo es. Y mucho. Porque ha aplicado la ley. ¿La ley es injusta (según el concepto ajeno al derecho)? Pues a veces sí y a veces no. Dice el director de El Taquígrafo que Llarena jamás dictó una sentencia a favor de los okupas. Pero es que la ley está contra el concepto que tienen los okupas de conseguir vivienda. Llarena aplicó la ley. Nada más. Esa misma ley permite quedarse con vivienda de una forma legal: se llama usucapión. Y Llarena jamás dictó una sentencia en contra de la consecución de una vivienda a través de la usucapión. ¿Fue entonces injusto Llarena?
¿Marchena estuvo en todas las salsas? Puede. ¿Tuvo amistades
peligrosas? Puede. ¿Son sospechosos los abogados de los delincuentes de la
actuación de sus clientes delincuentes? No. ¿El trabajo de los abogados debe
ser puesto en tela de juicio por haber sido vistos en compañía de delincuentes?
Evidentemente, no. ¿Son sospechosos los periodistas de algo por haber estado en
compañía de delincuentes? Tampoco. Y más cuando hay actos protocolarios o
profesionales de por medio.
Muchos, muchísimos jueces dan clases a opositores. La
docencia es una actividad reglada y permitida a jueces y fiscales. ¿Cómo podía
saber Marchena que la escuela donde impartía clases era de Villarejo, cuando
este era intachable? ¿Cómo puede saber un periodista que un juez era corrupto o
un financiero ser delincuente, cuando estaban en la cresta de la ola? Todos
conocemos periodistas que adularon a Pascual Estevill o a de la Rosa o a Mario
Conde en sus épocas de gloria. ¿Marlaska fue un buen juez en la Audiencia Nacional?
Sí, pero como ministro ha abandonado a sus antiguos colaboradores, que
repetidamente ensalzó. ¿Es injusto o tan solo es legal?
Fiscalía, abogados y acusados
En cuanto a Fiscalía me tengo que callar. Hace muchos años
que perdió mucha de su objetividad e independencia. De hecho, conozco a varios
fiscales muy hartos de esa deriva, que han optado por otras vías, dentro y
fuera de Fiscalía.
Por lo que afecta a los abogados, somos abogados. Nadie nos
obliga a aceptar clientes ni nadie nos obliga a ejercer defensas más o menos
encendidas. Allá cada cual con su conciencia. Ocurre lo mismo con los
periodistas o con profesiones liberales: todos nos debemos a nuestras familias,
que deben comer.
Finalmente, los acusados. Éstos fueron avisados por activa y
por pasiva de que no continuaran con su proceder porque constituiría delito.
Tal como se ha hecho ahora con Torrent. Unos se bajaron del carro y otros —por
convicción o por perpetuarse en la poltrona— continuaron, erre que erre.
Particularmente creo que valiente no ha sido ninguno. Puigdemont se largó antes,
dejando a los demás en la estacada. Pero ¿los demás no se habrían largado igual
si hubieran sido conscientes de que la Administración de Justicia hubiera
actuado como lo ha hecho? ¡Si hasta se ha fugado Anna Gabriel, a la que sólo le
podían caer seis meses de prisión y ¡no hubiera entrado jamás en prisión! ¿En
qué pensaban los acusados, en que les dejarían entrar y salir de prisión para
irse de vacaciones? Es la ley, no un parvulario.
Las condiciones de la prisión preventiva que están
disfrutando los presos son absolutamente aberrantes. Ni un solo preso
preventivo que he tenido como cliente ha gozado jamás de una infinitésima parte
de dichas condiciones absolutamente irregulares, que lo son. ¿Es justo para los
otros presos preventivos?
La sentencia
Por último, la sentencia. A pesar de la división de
opiniones, lo más sensato es pensar que será por sedición (reconociendo la
existencia de violencia, pero insuficiente para la rebelión) y malversación. Se
consigue una sentencia unánime, sin fisuras, que se podrá pasear por todo el
mundo sin ninguna clase de problema, evitando sesgos políticos. De paso, se
evitarán a Conde Pumpido en el Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo.
Cuando el Tribunal permita a los ahora acusados acceder al tercer grado a la mitad de la condena (y no a los dos tercios como marca la ley), ¿serán tan injustos? La ley es dura, pero es ley. Pero la ley no es tan dura para unos como para otros. Si la ley no convence, cambiemos la ley, pero no a quienes se limitan a aplicarla. Cuando no nos gusta el mensaje, no caigamos en el error de matar al mensajero.