Tomo prestado el título de este artículo de la película del gran Bernardo Bertolucci. El film narra como el propietario de una fábrica idea un plan para invertir el dinero del rescate por el secuestro de su hijo para mejorar las instalaciones de la fábrica que está al borde de la quiebra. En definitiva, la tragedia de un provinciano que se debate entre su fábrica y su hijo, con el trasfondo de una Italia sin referentes políticos, oscura y confusa. La peli es bastante floja, pero su punto de partida es muy válido y vigente en los tiempos que corren.
Por otra parte, tomen nota de la definición que ofrece la RAE sobre el vocablo bulo como toda aquella noticia falsa propagada con algún fin. Es el mantra que nos recita el gobierno.
Grande-Marlaska, ese txikito al que le viene tan grande la primera parte de su apellido compuesto como el cargo que ocupa, nos ofreció el titular de ir a la caza del bulo «con todas las herramientas del Estado de Derecho» contra «bulos y desinformación» para intentar justificar lo manifestado por el Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil –en la práctica, el número 2 de la Benemérita- cuando dijo en rueda de prensa que la Guardia Civil trabajaba para "minimizar el clima contrario al Gobierno".
"el Ejecutivo pretende convertir a la Guardia Civil en una especie de policía política"
Posteriormente, el general aclaró que el control del clima de "estrés social" y "desafección a las instituciones" no tiene relación con la crítica política pero el mismo 23 de abril se pudo saber que la Guardia Civil incluye ambos apartados en informes diarios que se remiten al alto mando.
En resumen, todo parece indicar que el Ejecutivo pretende convertir a la Guardia Civil en una especie de policía política que atrape a todo aquel que formule críticas políticas que a juicio del mismo gobierno generen “estrés social y desafección a las instituciones”. Choca que aquellos que siempre se han presentado como adalides de la libertad de expresión y de opinión ahora se dediquen a cerrar la boca a quienes no muestren “afección a las instituciones”. En ese sentido, el Ejecutivo ha bloqueado ya 45.773 webs y ha detectado 274 desinformaciones.
Parece que se ha llegado al punto de Luis XIV de Francia: “La institución soy yo”
El diario “Público”, del millonario Roures, siempre afecto al actual régimen, publicaba en 2017 el siguiente literal:
“Siguiendo las directrices del régimen, las comisiones de incautación clasificaron a los “vecinos y afincados” de los municipios en tres grupos: “afectos al Movimiento Nacional, desafectos y dudosos”. “Se considerarán afectos los que por su actuación y patriotismo deban ser considerados como oro de ley”, señalaban. Por su parte, la categoría de “desafectos” abarcaba a “todos los que hayan incurrido en cualquiera de las causas de responsabilidad civil aunque tengan a su favor atenuantes o eximentes”, mientras que el término “dudosos” sería aplicado a “todos aquellos que no pueden ser incluidos en ninguno de los otros dos grupos, incluso los desconocidos si los hubiere”
¿Les suena? Afectos al Movimiento Nacional, desafectos y dudosos, decían las comisiones de incautación franquistas. Nuestro ministro lanza a la Guardia Civil a por aquellos que causen “desafección a las instituciones”. La similitud hiela la sangre. Insisto, no confundir la institución con quien ocupa el ejercicio de la misma: la Guardia Civil no es la Gestapo. Claro que la Gestapo “tan solo cumplía órdenes” y en los juicios de Nuremberg se les acusó por cuanto se podían haber negado. Las instituciones del Estado (que no del gobierno) permanecen; quienes las ocupan, transitan. Sigo que hay más.
"Según el gobierno, España estaba en el octavo puesto de test realizados. Según la OCDE estamos en el puesto décimosegundo"
Nuestro Gobierno lleva meses diciendo que en los próximos días llegarán los test de detección de la COVID-19 y que serán masivos en España. Hasta ahora, lo que ha llegado no es masivo. Solo para 60.000 personas en dos oleadas. Recuerden la definición de la RAE de antes y repitan conmigo: bulo es toda aquella noticia falsa propalada con algún fin.
Según el gobierno, España estaba en el octavo puesto de test realizados en el mundo. Según la OCDE estamos por debajo de la media, concretamente en el puesto décimosegundo. Repitamos: bulo es toda aquella noticia falsa propalada con algún fin.
La cifra de muertos por coronavirus ofrecida por el Gobierno es sensiblemente inferior a los posibles muertos reales, ya que los datos de todos los Registros Civiles son muy superiores, pero no se investigan.
Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó el 7 de abril que durante la segunda quincena de marzo expendió 9.007 licencias de enterramiento, más del doble de las 4.125 defunciones registradas en la región en todo marzo de 2019, según el INE. Según el gobierno, en marzo fallecieron 3.603 personas a causa del coronavirus en esa comunidad autónoma.
En consecuencia, está habiendo cientos, quizá miles, más de muertes durante esta pandemia. Y no, no estoy usando los muertos como arma política. Estoy intentando poner de relieve que los gobernantes los usan para ocultar su fracaso en la falta de prevención que ha aumentado, innecesariamente, el número de muertos en España. Repitan conmigo: “Bulo es toda aquella noticia falsa propalada con algún fin”.
El gobierno niega estar contra la propiedad privada, pero el decreto publicado al respecto faculta al gobierno para obligar al ciudadano a alquilar una vivienda al precio que el gobierno diga y a quien el gobierno diga. Igualmente se dice que habrá prórroga forzosa para aquellos arrendamientos que finalicen durante el estado de alarma, pretendiendo cautivar a los inquilinos. Pero no se explica que dicha prórroga forzosa deberá aceptarse por parte de la propiedad de la vivienda alquilada. Todos juntos: “Bulo es toda aquella noticia falsa propalada con algún fin”.
La página web del gobierno sobre el coronavirus lo sigue denominando “brote”, cuando hace tiempo que es una pandemia (ver aquí):
Las cifras que ofrece el gobierno silencian sistemáticamente la proporción entre infectados y muertos/habitantes
La misma web no se refiere jamás a la tasa de infectados y muertos por covid. Tan solo se refiere a las cifras totales. La realidad española es la peor del mundo. A 22 de abril de 2020, España 208.389 infectados, lo que implica una ratio de 443’13 infectados por cada 100.000 habitantes. La variación diaria es de +6%. En cuanto a fallecidos a la misma fecha: 21.717, lo que implica 46’18 muertos por cada 100.000 habitantes, que significa una variación diaria de +1’2%. La fuente es “Diariofarma” con datos elaborados a partir de los ofrecidos por el propio ministerio de Sanidad. Es decir, proporcionalmente somos los primeros en infectados y muertos.
Las cifras que ofrece el gobierno silencian sistemáticamente la proporción entre infectados y muertos/habitantes. Juntos de nuevo: “Bulo es toda aquella noticia falsa propalada con algún fin”.
El Ministerio de Sanidad adjudica a dedo un contrato de 4.300.000.- € por una partida de material médico que no cuesta más de 450.000.- € sin dar ninguna clase de explicación. Eso no es bulo, es falta de transparencia. Y la otrora vociferante y beligerante Dolores Delgado, escondida, como la directora de la Guardia Civil.
Cuando el ínclito Grande-Marlaska era Presidente del Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una mesa redonda convocada por la Abogacía del Estado bajo el sugerente título “Transparencia y proceso judicial” definió la justicia como la emanación de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento, que son la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y también se ha añadido el principio de solidaridad, al que se ha de someter cualquier derecho.
Conviene recordar que al txikito Marlaska, ya le tiraron de las orejas en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando señaló que el juez de instrucción, Grande-Marlaska, no había tomado las medidas necesarias para evitar que unos presos fueran torturados, y que algunas declaraciones podrían haberse conseguido "de manera forzada"
Como sea que yo sí soy afecto a las instituciones pero no al que dirige esa institución en concreto, en la actualidad puedo concluir llevando el discurso a mi profesión: “Así pues Señorías/miembros del jurado, queda probado documentalmente que Fernando Grande-Marlaska era muy partidario de palabra de la libertad de expresión y transparencia cuando era magistrado.
Aunque de facto, al Tribunal de Derechos Humanos no se lo pareció tanto. Ahora,ya ministro, se dedica a perseguir y cerrar webs de todo aquel que se atreva a no mostrarse afecto a las instituciones del Estado, empleando para ello una doble vara de medir ajena a cualquier profesional del derecho.
Nuestro ministro no usa todas las herramientas del Estado de Derecho para perseguir todos los bulos: solo los no afectos a las instituciones del Estado. Los bulos de su propio gobierno directamente los ignora; incluso no quiere perseguir lo que a todas luces parece un presunto delito indiciario como es la compra de material sanitario por casi el 1.000% más de su valor.
Por ello, se solicita una condena firme y contundente contra el acusado por omitir su obligación de perseguir delitos (delito previsto y penado en el art. 408 del Código Penal con la inhabilitación para cargo público de entre tres meses y dos años), sino contra algo peor: embarrar la imagen de la institución cuya representación ostenta. Si tuviera vergüenza y dignidad profesionales debería haber dimitido para evitar que la ciudadanía acabe confundiendo desafección a las instituciones con desafección a los que dirigen esas instituciones”
“Las convicciones políticas son como la virginidad: una vez perdidas, no vuelven a recobrarse”.
Francesc Pi I Margall
“Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos”.
Napoleón
