No han sido pocas las veces que, desde que tengo uso de razón, me he preguntado quiénes son aquellos que, a las puertas de un juzgado, increpan a los detenidos. Corrillos de anónimos que, desde lo más profundo de sus entrañas, profieren improperios a los que se bajan del furgón protegidos tras una capucha. Y a veces, el asunto no es para menos. Hay delitos que a uno le abren las carnes, aunque no le toque de cerca. Y también maldice en la intimidad de su casa cuando enfocan a ese ser sin rostro que, presuntamente, ha cometido tal atrocidad. Así es la naturaleza humana. Cuando la cámara se aleja, uno como espectador siempre acaba reparando en la masa enardecida. Quizás son familiares de las víctimas, amigos, vecinos, o simplemente curiosos los que se agolpan tras el cordón policial.
No descarto que si no estuvieran los guardias, en algunos casos, se hubiera producido un linchamiento. Como en México, donde estos episodios violentos entendidos como una forma de tomarse la justicia por la mano se ha triplicado en los últimos años. En el país azteca, la enajenación colectiva hizo que una turba golpeara hasta la muerte a dos granjeros creyéndolos culpables del rapto de unos niños. Después de su muerte se supo que eran inocentes. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego, decía Ghandi.
Aquí, si no fuera por esa contención, bien creo que en algunos casos alguno trataría de aplicar también la ley del talión. Pero afortunadamente en España, de los anfiteatros romanos no quedan más que ruinas. De las ejecuciones públicas de condenados devorados por las fieras ya solo quedan los mosaicos que las recuerdan. Pero el escarnio público ha perdurado a lo largo de los siglos. El “linchamiento” se ha trasladado en estos tiempos modernos de la arena del foro a las redes sociales y a los platós de televisión. Pero el trasfondo sigue siendo el mismo.
El morbo entorpece la justicia
Hasta hace pocos días solo sabíamos que a Samuel Luiz lo había asesinado una turba de individuos sin rostro. Conocimos los detalles de la pelea por las imágenes tomadas por una cámara de seguridad del paseo marítimo de Riazor que captó el momento. También trascendieron detalles escabrosos de su autopsia. Ahora, además, hemos puesto cara a las figuras borrosas que se aprecian en la grabación. Sabemos sus nombres y apodos, el barrio en el que viven, cuál es su personalidad (real o inventada) y cómo suena el tono de voz de sus padres. Sus rostros han dejado de ser los de unos desconocidos.
Eso sí, nos los han descubierto con una línea finísima de píxeles que les disuelve los ojos, “para preservar su identidad”, dicen. Pero en las redes sociales, paradójicamente, ya los hemos visto sin filtros, bajo la palabra, en rojo, “ASESINOS”. Las redes se han convertido en la nueva sala de un juicio paralelo. Mucho antes de que se emita una sentencia, ya se ha concluido un proceso público de enjuiciamiento contra estos “presuntos”, tanto por parte de la prensa como de la opinión pública, influenciada por la primera. Sin embargo, estas campañas pueden poner en riesgo la celebración de un juicio justo y perjudicar a la propia víctima y su derecho a ser “reparada”. Mostrar el rostro de una persona sobre la que debe prevalecer la presunción de inocencia, hasta que la justicia demuestre lo contrario, supone en ocasiones una obstrucción en el procedimiento judicial.
Un juicio paralelo sin ninguna garantía
En el juicio del 17-A, por ejemplo, uno de los abogados defensores de uno de los principales imputados solicitó al magistrado de la sala que se desestimara el reconocimiento fotográfico que los Mossos practicaron, como parte de las diligencias, para que los testigos señalaran los rostros de los jóvenes de la célula de Ripoll. El letrado se basaba en que, cuando los testigos acudieron a declarar ante la policía catalana, los medios ya habían mostrado esos rostros centenares de veces y podrían haber influido en su memoria. Por otro lado, en el caso de Gabriel Cruz, su madre, Patricia Ramírez, se vio obligada a velar por la protección del procedimiento judicial contra la asesina de su hijo. Lidiar con las filtraciones de las declaraciones de la acusada y la preservación de su intimidad y de su derecho a la defensa, supuso un dolor añadido. La falta de diligencia por parte de los medios en el tratamiento de información sensible supone uno de los mayores peligros en un caso como el suyo. Uno de los riesgos es que se decida repetir el juicio, alegando la influencia mediática sobre el jurado popular. O sobre el propio tribunal. Las opiniones emitidas desde los medios van forjando en el conjunto de la sociedad una idea que puede ser utilizada por la defensa del acusado, en detrimento de la víctima, para solicitar la repetición de un juicio, esta vez justo, para el acusado.
Tampoco han sido pocas las familias que se han enterado de detalles de la muerte de sus familiares a través de los medios de comunicación, de recreaciones en prime time o de fotografías en periódicos. Rescatando las palabras de Ramírez, los familiares y las propias víctimas tienen derecho a la intimidad, a la vida y a la dignidad. Pero también la tienen los allegados de aquellos que han cometido un crimen atroz. Y los autores mismos.
Sí, incluso los acusados tienen derechos
El derecho a la libertad de información tiene su límite cuando comienza el derecho constitucional al honor, a la intimidad y a la imagen del propio detenido. Incluso en aquellos casos más brutales, se debe respetar la presunción de inocencia. Otro claro ejemplo del daño infligido por la prensa es el de Dolores Vázquez. Antes de ser condenada por un juez lo fue por la opinión pública. La prensa dio voz a los instintos más bajos de la sociedad. Se cebó con su orientación sexual, la describió como una mujer pérfida, fría, carente de la feminidad que se le presuponía por el mero hecho de haber nacido mujer, se le atribuyeron rasgos masculinos para construir una imagen que encajara en lo que tenía que ser: una asesina. Pero no lo era. Las pruebas demostraron que no fue Dolores Vázquez quien asesinó a Rocío Wanninkhof, sino Tony Alexander King. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El escarnio público y la vejación, irreparable, a la víctima no pudieron ni podrán revertirse. Tampoco nadie lo ha intentado. Dolores Vázquez es inocente, pero sobre ella pesará para siempre la sombra de la sospecha. Las cabezas todavía se vuelven cuando pasa. Son las consecuencias de un juicio mediático del que nadie la ha absuelto.
Pero aunque lo hubiera cometido, toda persona debería tener el derecho a la reinserción social, a retomar su vida tras pagar la condena que un tribunal ha considerado justa, y sobre todo, a cambiar el rumbo de su destino. Aunque en muchos casos el daño sea irreparable para la víctima, si por algo se caracteriza un Estado democrático es por haber abolido los foros y las ejecuciones públicas y por garantizar los derechos fundamentales. Para todos. Sin excepción. Aunque a veces duela decirlo.